En All the President’s Men (“Todos los hombres del Presidente”), la película que cuenta parte de la historia de la investigación periodística del célebre escándalo de Watergate, Garganta Profunda, como se conoció al informante, sintetizó una de las claves fundamentales para detectar la corrupción en la política al sugerir “follow the money” (sigue el dinero). Esta idea es complementaria a la vieja noción de “cui bono”, que sostiene que la identificación de los autores de un acto se simplifica una vez se determina quiénes se habrían beneficiado de sus efectos. Como lo muestra la financiación de las campañas electorales en Colombia, eso suena más fácil de lo que realmente es.
La primera dificultad es la dimensión de la tarea a desarrollar. La cantidad de dinero que circula en las campañas electorales es descomunal. Por ende, hacer seguimiento a cada peso y a cada transacción, supone un esfuerzo titánico.
Para dimensionarlo es necesario recordar que hace poco más de un mes, la Registraduría informó que 3231 personas han sido postuladas por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para ser elegidas al Senado y a la Cámara de Representantes el próximo 8 de marzo. Cada una de las listas inscritas tiene un límite máximo de dinero que puede legalmente destinar para financiar sus actividades.
En el caso de la circunscripción nacional del Senado de la República, cada una de las 16 listas que compite podrá reportar gastos de hasta un poco más de $132 mil millones, lo que supone que cada uno de los 1097 aspirantes que las conforman podrá destinar en promedio cerca de $1.300 millones.
En el caso de la Cámara de Representantes los montos son similares. Por ejemplo, en las circunscripciones de Bogotá y Antioquia, las que concentran la mayor cantidad de electores y de curules por distribuir, el monto máximo que puede en conjunto destinar la lista ronda por los $27 mil millones, lo que supone que cada integrante podría reportar, en promedio, cerca de $1.500 millones en los gastos de su campaña. A pesar de que el monto máximo varía en función de la cantidad de electores en las circunscripciones territoriales de Cámara, en la gran mayoría de ellas se obtienen, por candidato, montos semejantes.
En paralelo, no se puede perder de vista la financiación de las otras campañas que están en curso: las consultas de las coaliciones para la definición de candidatos a la Presidencia y las campañas de quienes ya han anunciado participarán directamente en la primera vuelta. En la consulta de 2025 los candidatos podían destinar un poco más de $6 mil millones, cifra cercana a la aplicable para en las consultas de marzo próximo. Una vez superada esa etapa, los candidatos a la Presidencia, en primera vuelta, podrán destinar un poco más de $37 mil millones y, en una eventual segunda vuelta, la cifra sube en cerca de $17 mil millones.
Entonces, haciendo cuentas, es posible que quien se haya sometido a una consulta, obtenga la mayor votación en ella, compita en primera vuelta y posteriormente en segunda, haya destinado, legalmente, cerca de $60 mil millones en su aspiración, de los cuales aproximadamente $16 mil provendrán de anticipos proporcionados por el Estado.
La cantidad de candidatos a los distintos cargos de elección popular, los montos que legalmente pueden destinar en la financiación de sus campañas y el número de transacciones que son necesarias para su desarrollo permite dilucidar la dimensión real de la aparentemente simple sugerencia de “seguir el dinero”.
A eso se suma, para aumentar exponencialmente la complejidad, que los límites máximos de financiación fijados en las normas emanadas del Consejo Nacional Electoral no siempre reflejan la realidad. Esto se debe a que, en conversaciones informales, los distintos actores del proceso electoral reconocen con sorpresiva resignación que en la práctica los costos de las campañas son muy superiores a lo que legalmente está permitido. Por eso, algunos de ellos tienden a aplicar medidas encaminadas a no revelar o dejar traza del origen, monto y destino de los recursos que realmente son necesarios para participar en la contienda, como el uso dinero en efectivo, la doble contabilidad y la triangulación de recursos.
Por otra parte, las campañas políticas son costosas. Como consecuencia de ello, sin importar el auge mundial de candidaturas que se autoproclaman como austeros y nobles esfuerzos de desinteresados y exitosos empresarios, son escenarios propicios para la masiva recolección de recursos, con especial énfasis en los particulares, la banca y, en algunos casos, el sector privado.
Aunque en Colombia los aspirantes al Congreso de la República pueden financiar autónomamente su campaña, las elecciones presidenciales no lo permiten. Esto porque la Ley de Garantías Electorales dispuso que solo el 20% de la financiación de estas campañas podría provenir de aportes de particulares (aproximadamente $7.400 millones en estos comicios) y que solo el 4% podría tener origen en los aportes propios del candidato o sus familiares (cerca de $1.400 millones en 2026).
Esto significa que a la legislación subyacen incentivos al surgimiento en la sombra de una relación simbiótica: los aspirantes, sin importar el cargo por el que compiten, buscan conseguir el apoyo de mecenas de la política nacional y éstos, a su vez, pretenden, además de impulsar una causa, congraciarse con quienes potencialmente estarán en posiciones de poder en el futuro cercano.
En el marco de la contienda electoral verdaderamente transparente, la identificación de los benefactores de la política es tan importante como las propuestas programáticas específicas que los candidatos defienden. Si la ciudadanía no tiene acceso oportuno a la información relacionada con la financiación de las campañas políticas, o no se interesa por eso, el voto no es informado y la que termina afectada es la democracia. A pesar de avances en la materia, como el aplicativo Cuentas Claras y los ocasionales reportes de medios de comunicación sobre estos asuntos, el votante promedio muy poco se sabe de estos importantes detalles.
Esto se explica, de una parte, porque aspirantes y patrocinadores asumen que no les conviene publicitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance de sus relaciones político-económicas y, de otra parte, el elector medio, que suele tener una relación distante y desconfiada de los líderes políticos distintos a los que apoya, parece considerar que conocer esas relaciones no resultará determinante al momento de decidir su voto. Por ende, no exige saber de ellas o simplemente no se interesa en indagar sobre su existencia. Las veces que esta información logra trascender, como lo muestran los recientes reportes sobre los aportes de Gusteau Chefcito, se da a conocer meses después de que ha culminado la contienda. Momento en el que ha dejado de ser información potencialmente relevante para que el votante tome su decisión.
Finalmente, la última dificultad, tal vez la más grave, se desprende de la capacidad institucional del ente encargado de desarrollar las labores de seguimiento, control y posible sanción de las normas del financiamiento de las campañas políticas. Esto se ve reflejado de dos maneras.
De un lado, el Consejo Nacional Electoral todavía no parece estar en disposición real de adelantar los ejercicios de auditoría que serían necesarios para el cumplimiento estricto de la normatividad sobre los topes de financiación electoral. Aunque aún no se pueda descartar que esto, en realidad, sea una limitación aceptada y hasta cierto punto deseada, la simple cantidad de reportes, el poco tiempo con el que se cuenta para hacerlo y el ritmo frenético de la época electoral dificultan que esta autoridad electoral pueda efectivamente “seguir el dinero”.
De otro lado, tal como se advirtió durante el procedimiento administrativo que se adelantó respecto de la financiación de la más reciente campaña presidencial, el origen político de la composición del Consejo Nacional Electoral se presta para que las personas investigadas, con razón o sin ella, descalifiquen sus actuaciones al vincularlas con persecuciones o instrumentalizaciones políticas. Estos cuestionamientos no abordan el fondo de la cuestión, que es la manera como se financian las campañas políticas en Colombia, pero proporcionan una hoja de ruta para que, en el futuro, los involucrados en este tipo de actuaciones las deslegitimen.
Así, la titánica dimensión de la tarea, la falta de acceso oportuno a la información y las persistentes debilidades institucionales de la autoridad encargada de llevarla a cabo muestran que “seguir el dinero” e identificar quién y cómo se beneficia de la financiación de la política no es tan fácil como parece. Pero ese objetivo sigue siendo loable y necesario. Resulta indispensable continuar avanzando en esa dirección. Eso sí, reconociendo que la situación no cambiará de la noche a la mañana. Al fin y al cabo, no estamos en una película.
